Una opinión imprescindible en éste artículo de CEPES ARAGON
La aprobación de la nueva Ley Integral de Impulso a la Economía Social no es una noticia más en la agenda legislativa: es la confirmación de que un modelo empresarial históricamente resiliente ha pasado a ocupar, con pleno derecho, el centro del tablero económico. Durante años, la Economía Social ha trabajado con una eficacia silenciosa; hoy, ese silencio se transforma en reconocimiento institucional y en oportunidad de futuro.
En España, este modelo representa más del 11% del PIB y da empleo a cerca de 2,5 millones de personas. No son cifras menores, pero tampoco explican por sí solas su relevancia. La economía social es, sobre todo, una manera distinta de entender la empresa: prioriza a las personas, refuerza el arraigo territorial y apuesta por una distribución más justa del valor generado. En Aragón, y en la provincia de Teruel en especial, esta realidad se traduce en cohesión social, desarrollo en el medio rural y estabilidad laboral ante la despoblación y la pérdida de tejido social y empresarial.
La nueva ley responde a una necesidad largamente compartida por el sector: actualizar un marco normativo que había quedado desfasado ante los cambios económicos, tecnológicos y sociales de las últimas décadas. Lo hace con ambición, pero también con equilibrio. Define con mayor claridad qué es y qué no es economía social, protege sus principios fundamentales y refuerza la identidad de sus entidades frente a posibles desviaciones.
Uno de los aspectos más destacables es su mirada hacia el futuro. La norma incorpora medidas que facilitan la digitalización de cooperativas y sociedades laborales, reconoce derechos digitales de las personas socias y promueve estructuras organizativas más ágiles. No se trata solo de adaptarse, sino de competir en igualdad de condiciones en un entorno económico y social cada vez más exigente.
Esta ley refuerza su compromiso social. Las empresas de inserción y los centros especiales de empleo de iniciativa social ven consolidado su papel como instrumentos clave para la inclusión laboral de colectivos vulnerables. Esta dimensión no es accesoria: es parte esencial de un modelo que entiende la economía como herramienta al servicio de la sociedad.
También resulta especialmente relevante la incorporación de nuevas realidades emergentes. Iniciativas como las comunidades energéticas, la vivienda cooperativa en cesión de uso o el comercio justo encuentran ahora un encaje claro dentro de la economía social. Con ello, la ley se alinea con las estrategias europeas que sitúan este modelo como protagonista en la transición ecológica y social.
Por todo ello, desde CEPES Aragón valoramos muy positivamente tanto el contenido de la norma como el proceso que ha permitido su aprobación. El amplio consenso político alcanzado no es casual: refleja que la economía social genera puntos de encuentro en un contexto habitualmente marcado por la discrepancia. Este respaldo es, en sí mismo, un activo que debemos preservar.
Sin embargo, sería un error entender esta ley como una meta. Es, más bien, el inicio de una nueva etapa. El verdadero desafío será su aplicación efectiva, su capacidad para llegar al tejido empresarial y su impacto real en los territorios. En Aragón, y en Teruel contamos con una base sólida para aprovechar esta oportunidad y seguir consolidando un modelo que ya ha demostrado su valor.
En un tiempo en el que la incertidumbre define buena parte del escenario económico, la economía social ofrece certezas. Frente a la lógica del beneficio inmediato, propone una visión de largo plazo donde la rentabilidad convive con la responsabilidad. La nueva ley no solo ordena el presente: dibuja un horizonte en el que crecer de otra manera no solo es posible, sino necesario.
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